I
En el año 2012, la Oficina Nacional de Estadísticas, con el auspicio del
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población y de la Unión
Europea, tuvo a bien llevar a cabo la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes
a la República Dominicana (ENI-2012).
Conforme a esta encuesta en la República Dominicana habitaban unas
524,632 personas de nacionalidad extranjera, de las cuales 430,602 se
encontraban en situación migratoria irregular, ya que conforme a la Dirección
General de Migración sólo 94,030 personas extranjeras contaban al momento de su
realización con residencia legal en el país.
Esta medición resulta importante de cara al tema migratorio de personas
de nacionalidad haitiana a República Dominicana, porque desde los años 60 del
siglo pasado se ha estado especulando, sin base alguna, sobre cuántos habitan
realmente en el país, e incluso sucesivos gobiernos han manifestado la decisión
de realizar un censo para determinar exactamente cuántos haitianos habitan en
la República Dominicana con fines de poder determinar una política pública
sobre regularización de estos extranjeros.
II
En una entrega anterior tuve la oportunidad de señalar que el 5 de
diciembre del año 1966, el entonces Presidente Joaquín Balaguer afirmaba en un
discurso a la nación que unos 300,000 haitianos habían penetrado de manera
irregular al país tras la caída de la dictadura.
A pesar de que esa cifra respecto de la cantidad de haitianos en la
República Dominicana continuó repitiéndose en los años siguientes, en fecha 17
de octubre de 1969, el entonces Director General de Migración, Juan Rafael
Estrella Rojas, declaraba que “cuando
Migración dice que desconoce el número real de haitianos en el país actúa
sensatamente” ya que a su decir “no
dispone de elementos de juicio contundentes y precisos para citar cifras, y que
oficialmente sólo figuraban registrados en esa dependencia unos 35 mil
haitianos” (El Nacional).
En el año 1973, otro Director
General de Migración, el General retirado Cesar A. Oliva García consideraba
exagerado que en el país residieran ilegalmente 200,000 haitianos (Estima “Exagerada” Cifra De los Haitianos
Ilegales”. El Caribe, 9 de mayo de 1973).
La cantidad de haitianos en situación de ilegalidad migratoria volvió a
ser tema reseñado por la prensa nacional en el año 1979.
El 30 de junio de ese año, el Dr. Nelson Didiez, Vice-Presidente del
Centro de Refugiados Jean Henry Dunant, afirmaba que en la República Dominicana
vivían unos 250,000 nacionales haitianos (El Nacional). Por su parte, para el Secretario General de
la Confederación Sindical Clasista José Gómez Cerda la cantidad de haitianos
residiendo ilegalmente en el país en 1979 era de alrededor de 300,000 braceros
haitianos (El Caribe, 20 agosto 1979); mientras que para el Senador Víctor Gómez
Berges esa cantidad ascendía a 400,000 haitianos ilegales” (El Caribe. 13 de
diciembre 1979).
En el año 1981, el periódico El Caribe se hacía eco de un trabajo
elaborado por el Secretariado Técnico de la Presidencia sobre “Participación de la Mano de Obra Haitiana
en el Mercado Laboral” en el que se estimaba la cantidad de haitianos en el
país en 200,000.
Saltando en
el tiempo nos encontramos, que el 18 de
julio de 1997, el Lic. Danilo Díaz, Director General de Migración del
primer gobierno del Presidente Leonel Fernández, señalaba que la presencia de
haitianos ilegalmente residiendo en la República Dominicana era cercana a la
cantidad de 500,000 (Migración cree hay
cerca de 500 mil haitianos en República Dominicana. El Siglo, 19 julio 1997); mientras que, en
esos mismos días, el reformista Angel Lockward aseguraba “que la cifra está cerca del millón” y que “dentro de 30 años alcanzará
más de dos millones” (El Siglo, 19 julio 1997).
Ya en la
administración del Presidente Hipólito Mejía, su Canciller Hugo Tolentino Dipp
consideraba entre 500 mil y un millón la cantidad de haitianos en República
Dominicana (Periódico El Siglo, 24 agosto 2000); para el Director General de
Migración, general retirado Trajano Moreta Cuevas, “en el país hay más de un millón de ciudadanos haitianos” (Listín
Diario, 27 octubre 2000); mientras que el Presidente del Partido Revolucionario
Dominicano de entonces, Lic. Hatuey Decamps Jimenez, estimaba en un millón la
presencia de haitianos en nuestro territorio (Periódico El Siglo, 1 noviembre
2000).
III
Paralelamente a la ligereza de la cuantificación de ciudadanos haitianos
habitando en República Dominicana en situación de ilegalidad migratoria,
durante estas últimas cinco décadas ha estado presente en el debate público la
necesidad de realizar censos que precisen su cantidad real.
El 5 de
septiembre de 1968, el periódico El Caribe titula una noticia de la siguiente
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manera: “Determinarán Cantidad De
Haitianos en el País”. Daba cuenta
el periodista Rafael I. Rodríguez G, de unas declaraciones del entonces
Director General de Migración, Manuel De Jesús Estrada Medina, donde informaba
que se iba a llevar a efecto una reunión para determinar “definitivamente” la
cantidad de nacionales haitianos que residen en el país, y que los que residan
ilegalmente serán devueltos a su país, con la sola excepción de los que
tuvieran problemas políticos con el régimen entonces imperante en Haitì.
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Algunos
días después, el 12 de septiembre de
1968, el periódico El Caribe reseñaba que el Secretario de Estado de
Interior y Policía había declarado que el Presidente Joaquín Balaguer dispuso
la erogación de RD14,000.00, para iniciar el censo de haitianos residentes en
el país, y que a tales fines se iba a ofrecer un cursillo intensivo para unos
200 empadronadores que tendrían a su cargo la tarea.
El anuncio
de la realización de este censo generó preocupaciones por los predios del
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) de cara a la realización de la zafra azucarera
que se avecinaba, ya que se consideraba que el mismo “arrojará un balance desfavorable para miles de haitianos que se dedican
al corte de la caña y que viven ilegalmente en territorio dominicano”.
El
Secretario de Estado de Interior y Policía Dr. Federico Máximo Smester, calmaba
esas preocupaciones declarando que el “emporio
azucarero estatal puede utilizar braceros haitianos “regularizándoles” su
permanencia en territorio dominicano”, a la vez que defendió los propósitos
del censo afirmando que “el gobierno se
resiste a tener nacionales haitianos residiendo ilegalmente en el país” (Censo de Haitiano No Afectara al CEA. Listín
Diario, 15 octubre 1968).
Increíblemente el 14 de diciembre de 1972, el periódico El Caribe traía el siguiente
titular: “Pide Censo de Haitianos”. Esta vez, el Dr. Francisco Rodríguez Lazala,
miembro de la entonces activa Comisión Nacional de Fronteras, declaraba que en
el país “hay millares de nacionales del vecino país que no tienen los
documentos oficiales que les autoricen a vivir aquí”.
Algunos días después, el 19 de diciembre, el
editorial del periódico El Caribe titulado “El Censo de Haitianos Ilegales”, decía: “Creemos que la idea de que
se realice un censo lo más exacto posible del número de haitianos que residen
ilegalmente aquí figura entre las mejores sugerencias que para la solución de
este difícil problema se ha hecho. El censo, ante todo nos libraría de tantas
especulaciones alarmantes acerca del número de haitianos en nuestro país y
de las maneras de que se valen para entrar; nos daría, además, un fuerte
asidero para emprender –de forma civilizada y humanitaria- una labor efectiva
de rescate de lo nuestro”.
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Pasan los años, y nada!.
El 23 de septiembre de 1980, el
Presidente Antonio Guzmán Fernández, anunciaba que se estaba “preparando un plan de investigación masiva
para detectar los haitianos que viven ilegalmente en el país”. Declaró asimismo el Presidente Guzmán que
aunque la investigación “no tendrá
carácter de censo”, si permitirá “establecer
con precisión los nacionales haitianos que viven aquí en condiciones
irregulares” (AG Afirma Determinarán
Cifra Haitianos Ilegales. El Caribe,
24 septiembre 1980).
Y 20 años después de la
declaración del Presidente Guzmán Fernández, el periódico El Siglo titulaba una
noticia del mismo tema de la manera siguiente: “El Canciller favorece un censo de haitianos residentes en RD”. Recogía el desaparecido diario matutino, unas
declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores del recién instalado
gobierno del Presidente Hipólito Mejía, el Dr. Hugo Tolentino Dipp, en las que señalaba
que “ya es hora de un censo que
determine objetivamente la realidad de la presencia haitiana en territorio
dominicano dentro de un marco de respeto a los derechos humanos”. Agregaba el entonces Canciller Tolentino
Dipp: “la presencia haitiana es una
carga social muy fuerte, que un país pequeño como la República Dominicana no
tiene los servicios sociales suficientes como para soportar medio millón o un
millón de haitianos”.
En la
segunda administración de gobierno del Presidente Leonel Fernández, el Dr.
Franklin Almeyda Rancier, entonces Secretario de Estado de Interior y Policía,
luego de concluir una reunión del Consejo Nacional de Migración creado por la
Ley General de Migración de 2004, declaró que “el gobierno hará un censo en el más breve plazo posible para determinar
la cantidad de extranjeros que residen en el país de manera legal y regularizar
a los que están indocumentados” (Censo
determinará status de extranjeros en el país. Periódico Hoy, 19 julio 2005).
Tres años
después, el 10 de noviembre del año 2008, al comparecer al Desayuno del
Periódico Listín Diario, el mismo Dr. Almeyda Rancier declaraba que tenían “en carpeta un plan de registro de extranjeros
que incluye la realización de un censo para determinar la cantidad de
extranjeros que viven en territorio dominicano”.
IV
La Ley
General de Migración del año 2004, dispuso en su artículo 151, la realización de
un Plan
Nacional de Regularización de
extranjeros ilegales radicados en el país.
Pero en la República Dominicana, desde al menos 36 años atrás, se
hablaba a nivel oficial de la necesidad de regularizar la situación de los
ciudadanos haitianos que habitaban en nuestro territorio al margen de un status
migratorio legal.
“Estima Deben Regular su Status Haitianos
Residentes en el País”. Ese era el
titular de primera plana del periódico El Caribe del 16 de julio de 1968. Bajo ese titular se recogían unas
declaraciones del Director General de Migración, Manuel De Jesús Estrada
Medina, en el sentido de que “los
nacionales haitianos que se encuentran ilegalmente en la República Dominicana
deberán regularizar su situación” y que los que no lo hicieren “serán enviados a la justicia como primer
paso”.
El 2 de
junio de 1975, el tema de la regularización de haitianos ilegales en República
Dominicana volvió a ser tema noticioso.
Esta vez, el Presidente del Consejo Nacional de Fronteras, el Dr. Carlos
Cornielle abogaba por que las autoridades de la Dirección General de Migración
“regularicen la situación de los
haitianos que viven ilegalmente en el país”. “Si aquí hay 150 mil haitianos y no tienen papeles, pues para su país”
aunque observó que “la medida debe
aplicarse suavemente ya que las relaciones dominico-haitiano están al máximo de
cordialidad y no deben romperse” (Sugiere
se Regule Status Haitianos. Listín Diario, 2 junio 1975).
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La
regularización de la situación migratoria de ciudadanos haitianos en nuestro
país fue también tema de debate en el curso de un Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
presidido por el Dr. Rafael Alburquerque en el año 1980.
Dicho
Congreso, en el que participaron más de 200 juristas iberoamericanos, a
petición del destacado abogado dominicano Dr. Ramón Antonio Veras, expresó su
aspiración de que las autoridades dominicanas “adoptarán urgentemente medidas
apropiadas que regularicen la situación de los migrantes haitianos para mejorar
sus condiciones de vida y de trabajo, en razón de que no existe actualmente
ningún instrumento legal en ese sentido” (Piden Regularicen Situación Emigrantes Haitianos en RD. La Noticia,
21 julio 1980).
10 años
después, el 15 de octubre de 1990,
el Presidente Joaquín Balaguer, ante las denuncias formuladas contra el país en
el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se vio precisado a
dictar el Decreto 417-90, mediante el cual se instruía a la Dirección General
de Migración a regularizar la presencia de los nacionales haitianos en el
territorio dominicano, considerando esa medida como “del más alto interés para la República”.
El
siguiente año, el Presidente Balaguer al referirse a los inmigrantes haitianos
en el país aseguró que “esas gentes no
están felices aquí y su presencia es por necesidad y el Gobierno está
consciente de eso” por tanto “les da
facilidades para trabajar en construcciones y empresas particulares” (Listín
Diario, 30 agosto 1991).
A comienzos
de la primera presidencia del Dr. Leonel Fernández, el Secretario de Estado de
Interior y Policía, Lic. Norge Botello, frente a las críticas que le eran
formuladas por la prensa haitiana al gobierno nacional por las repatriaciones
dispuestas, señaló lo siguiente: “Nosotros
estamos actuando en base a procedimientos legales que establecen las leyes
migratorias del país. Nadie puede alegar
persecución contra nadie porque lo que estamos aplicando son las leyes. Lo irregular sería hacernos de la vista
gorda como hicieron otros gobiernos, incluso el de Balaguer, y permitir que los
haitianos hagan una vida normal sin tener la documentación de lugar”. A la vez, el entonces Secretario de Interior
y Policía informó que “las actuales
autoridades se proponen regularizar la presencia de los haitianos en suelo
dominicano” (Se regularizará
presencia aquí de los haitianos.
Periódico Hoy, 28 enero 1997).
V
Esta cronología
de eventos y noticias evidencia que durante cincuenta años se estuvo hablando
de la necesidad, primero, de censar la población migrante en el país y segundo,
regularizar esa población para superar el problema de la irregularidad
migratoria de un número considerable de extranjeros, especialmente de
nacionalidad haitiana. Sin embargo, fue mucho hablar y poco hacer. La demagogia
siempre imperó sobre la sensatez y la responsabilidad. Y en esto han sido
responsables todos los partidos políticos que han estado en diferentes períodos
a la cabeza del gobierno nacional.
Como hace
muchos años expresaba el hoy Presidente del Tribunal Constitucional dominicano,
Dr. Milton Ray Guevara, uno “de los
siete pecados capitales de la sociedad dominicana consiste en dejar que los
problemas hagan crisis para tratar de resolverlos o sacar provecho de los
mismos”; por ello decía que el “tema
haitiano no puede ser tratado partiendo de la pasión y de la emoción. Por el contrario, la razón debe primar en su
examen. La situación de los braceros
debe servir para que formulemos una política de Estado sobre la cuestión haitiana
que abarque aspectos tales como: cooperación económica, científica, cultural y técnica,
desarrollo común de la zona fronteriza, reforestación, migración e inmigración,
salud pública y seguridad nacional”… ya que “nuestra pretendida superioridad frente a Haitì nos hace olvidar la
realidad de que no podemos tomar una gran sierra y separar la parte oriental de
la parte occidental de la isla” (República Dominicana y Haití: El Divorcio Imposible. Listin Diario, 7 julio 1991).
El proceso de
regularización migratoria que lleva a cabo el gobierno del presidente Danilo
Medina responde a varios factores: primero, ha sido demandada durante años,
pero ningún gobierno se había dispuesto a lidiar con un problema tan complejo
como este; segundo, la ley de migración del 15 de agosto de 2004 dispuso, como
se indicó, la realización de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros
en condición migratoria irregular; y tercero, la Sentencia 168-13 del Tribunal
Constitucional dispuso que el Consejo Nacional de Migración definiera dicho
plan y exhortó al Poder Ejecutivo a su implementación. De modo que este proceso
de regularización migratoria es la expresión tanto de una demanda social como
de disposiciones legales y jurisdiccionales. Por primera vez, pues, se está
abordando una problemática sobre la que otros hablaron mucho, pero literalmente
no hicieron nada!
Esto es hacer lo que nunca se hizo. Mano a la obra!
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