SOBRE EL TRASPASO DE EXCEDENTES DE RESERVAS TECNICAS DEL SEGURO DE RIESGOS LABORALES PARA APOYAR AL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. En el día de ayer se hizo de conocimiento público una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que acogió “en todas sus partes el Informe técnico actuarial presentado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), en el cual se concluye la factibilidad del uso de excedentes de reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) para apoyar el Sistema Dominicano de Seguridad social”. 

2. Como consecuencia de ello, en la misma resolución se dispuso que esos excedentes, ascendentes a la suma de doce mil quinientos millones de pesos (RD$12,500.000.000.00) se destinen, para “la protección en salud de las personas a través de la ARS Senasa” la cantidad de seis mil millones de pesos (RD$6,000,000,000.00), y el resto, cinco mil millones de pesos (RD$5,000,000,000.00), para “el fondo de la Cuenta del Cuidado de Salud de las Personas del Régimen Contributivo”, y mil quinientos millones de pesos (RD$1,500,000,000.00), para “inyectar los fondos de Subsidios que respaldan las prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia y maternidad”. 

3. Por el contexto en el que se produce esta medida del CNSS, resulta obvio que el auxilio financiero “para apoyar el Sistema Dominicano de Seguridad social”, en realidad se adopta como salvavidas por el desastre financiero del Seguro Nacional de Salud (SENASA). El resto de las partidas, son un estímulo para que las otras partes que actúan en el sistema tripartito de la seguridad social dominicana, impartieran su voto aprobatorio. 

4. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Recuerdo, que en el año 2006 se produjo otra decisión similar, en el mismo ámbito del seguro de riesgos laborales, en que, a fin de satisfacer necesidades del gobierno de entonces, de contar con un tope de ingresos mínimos en el marco del último acuerdo dominicano con el Fondo Monetario Internacional, se dispuso el reparto de diez mil millones de pesos (RD$10,000,000,000.00), entre el sector empresarial, la clase trabajadora y el Estado dominicano. 

5. Ante el escándalo público que produjo esa decisión, incluyendo la impugnación de esa decisión por vía de un recurso de amparo interpuesto por ante el Tribunal Superior Administrativo por el Colegio Médico dominicano, fui consultado por la alta dirección de entonces del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y preguntado sobre mi impresión jurídica sobre la decisión adoptada, mi reacción fue la de que si el país contara con fortaleza institucional, todos los firmantes de esa resolución estarían camino a responder por ante el Ministerio Público, por lo que mi recomendación fue la de que se revocara la resolución, lo que fue acogido entonces. 

6. Es que el funcionamiento de la Administración Pública, en todos sus niveles, se encuentra condicionado por el ordenamiento jurídico del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución. Como ha dicho la Suprema Corte de Justicia el principio de legalidad “es una obligación que se impone a toda persona, institución y órgano de someter su actuación administrativa al mandato legal y que constituye un límite racional y una condición de las actuaciones de la administración” (SCJ. Sentencia núm. 267, de fecha 16 de diciembre de 2020). 

7. En el caso objeto de este análisis, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, incurren en una violación fragrante de los principios de legalidad y especialidad, al disponer el reparto de fondos que tienen un destino específico en la ley 397-19, del 30 de septiembre del año 2019. 

8. En efecto, de conformidad al artículo 20 de la ley, los “recursos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) se distribuirán entre gastos administrativos, prestaciones de salud y prestaciones económicas para la protección laboral, en las proporciones que establezca su Consejo Directivo”. 

9. Más aún, regulando el destino de los recursos generados por cotizaciones pasadas, la ley 397-19 dispuso en el párrafo II del artículo 21, que las “intervenciones, proyectos y programas destinados a la protección económica, social, laboral o de salud en el trabajo que serán financiados con los excedentes de los rendimientos financieros señalados en este artículo, deberán ser aprobados por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), con voto favorable de la mayoría simple y por lo menos un miembro de cada uno de los tres sectores que forman parte de dicho Consejo Directivo y de su presidente o presidenta”. 

10. En el derecho público, el principio general del derecho administrativo denominado como “el principio de especialidad”, impide que entidades como el IDOPPRIL, entidad pública autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, pueda destinar los recursos que les han sido asignados para cumplir con sus cometidos institucionales, a tareas distintas, como ocurre con la resolución comentada del CNSS. 

11. Como escribió De Laubadére en su famoso Traité Elémental de Droit Administratif sobre el principio de especialidad: “la actividad del establecimiento está limitada al servicio público (o a los servicios públicos), que el tiene por misión administrar y que no puede emplear su patrimonio en otros fines”. 

12. Lo dicho hace más de cinco (5) décadas por el maestro francés, adquiere mayor importancia en la situación analizada, donde lo que realmente se busca, bajo la justificación de “apoyar el Sistema Dominicano de Seguridad social”, es que el resultado de un aparente fraude, como el que se denuncia ha ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), sea cubierto con fondos que en virtud de la ley tienen una finalidad especifica cubierta bajo la ley 397-19. 

13. Lo dicho anteriormente no significa, bajo ningún concepto, que me oponga a la búsqueda de medios para solventar transitoriamente la difícil situación financiera del SENASA, originada no sólo en una deficiente gestión administrativa, sino además en un claro déficit del control que ha debido ejercer, en primer lugar, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y, en segundo término, los órganos de control financiero estatal, interno y externo. 

14. Para palear carencias de recursos financieros en nuestro país, ha sido una práctica corriente ver, anualmente, en los presupuestos generales del Estado, que recursos asignados con finalidad específica a una determinada entidad por leyes son asignados, transitoriamente, para ingresar a los fondos generales de la Nación a fin de satisfacer el gasto público. Un ejemplo de ello es lo que ha padecido durante más de una década, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), con la reducción de la parafiscalidad asignada para satisfacer el servicio universal en la materia, conocida como la “Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT)”.

15. De conformidad a lo establecido en el párrafo del artículo 234 de la Constitución, una “vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra, sino en virtud de una ley”. 

16. Mi recomendación ante la situación planteada es que, el Consejo Nacional de la Seguridad Social suspenda la aplicación de la resolución, y solicite al Poder Ejecutivo que gestione en el Congreso Nacional la enmienda del proyecto de ley en curso de modificación presupuestaria, a los fines de que se incluya la suspensión parcial del destino de los fondos del IDOPRRIL hasta el monto señalado, en un ejercicio de solidaridad ante el mal momento por el que atraviesa el Seguro Nacional de Salud (SENASA). 

17. La reforma introducida al articulo 23 de la ley de la seguridad social por la ley 397-19, dotó de “dientes” a la norma frente a su inobservancia, disponiendo en su párrafo V, que los “miembros titulares y/o suplentes que hubiesen aprobado decisiones del CNSS contrarias a la presente ley y sus normas complementarias, y/o que lesionen la estabilidad financiera del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), o de algunas de sus instituciones, serán solidariamente responsables de sus consecuencias morales y jurídicas, pudiendo ser obligados a una indemnización y/o reducidos a prisión de uno a cinco años, según la gravedad de la falta". 

Olivo A. Rodríguez Huertas 

Santo Domingo, 10.09.2025

CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE JUSTICIA

 

1. Si existe un legado que nadie podrá disputar al presidente Abinader, es que ha sido el jefe de Estado que con más consistencia ha impulsado la independencia del ministerio público.

2. Ese compromiso es tan firme que, a esos fines, promovió la reforma constitucional del año 2024.

3. Por qué decir esto? Sencillamente, porque no se entiende como un Congreso, controlado por su partido, trate de imponer una contrarreforma a su más importante transformación institucional, a través de una redacción desacertada y ambigua, de una de las atribuciones que le confiere al ministerio de Justicia la ley que acaba de aprobar el Congreso Nacional, como lo es la relativa a la formulación e complementación de la política del Estado contra la criminalidad.

4. Es importante recordar que la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010, disponía en el artículo 169, que el “Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad”, texto el cual fue modificado en la reforma constitucional de 2024, a fin de precisar que el “Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad”.

5. La razón de ese cambio constitucional obedeció a que, comprendiendo la política criminal del Estado dos vertientes, la preventiva y la de persecución, era necesario desvincular del Ministerio Público la formulación e implementación de la política del Estado de prevención de la criminalidad, toda vez  que al estar constitucionalmente desligado del Poder Ejecutivo, por ser un órgano constitucional autónomo o extra-poder (TC/0001/15 y TC/0305/14), no le debería corresponder la formulación e implementación de una política que, como la de la prevención de la criminalidad, resulta más propia de la rama ejecutiva del Estado, que es donde se encuentran ubicado la mayor parte de los órganos y entes que deben ejecutar las acciones que se deriven de la misma.

6. Es que como se afirma en el precedente vinculante contenido en la sentencia TC/0001/15, del 28 de enero de 2015, los órganos extra-poderes, entre los que figura el Ministerio Público, “no se adscriben ni subordinan orgánicamente a ninguno de los tres poderes clásicos, tienen funciones independientes, reconocidas y garantizadas en la Constitución, y son capaces de emitir actos definitivos que actualizan el orden jurídico político fundamental”.

7. De ahí que resulte absurdo que la ley que crea el Ministerio de Justicia, pendiente en este momento de promulgación u observación por parte del presidente Abinader, incurra en el absurdo de utilizar, en su artículo 6, sobre creación y objeto del Ministerio de Justicia, la misma expresión que fue suprimida en la reforma constitucional de 2024 ( “formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad”) por considerarse, como ya se ha dicho, que la misma comprendía tanto la vertiente preventiva, como la de persecución de la criminalidad.

8. Lo anterior se proyecta, además, en otros artículos de la ley relativas a las atribuciones del ministerio, así como del ministro en particular: el artículo 9, numeral 1) (Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad); artículo 12 numeral 4) (Coordinar las políticas públicas contra la criminalidad).

9. Igualmente, en lo que respecta al Viceministerio de Políticas Públicas contra la Criminalidad, el artículo 22, numeral 1 dispone que le corresponde la “coordinación de la planificación, formulación, implementación y supervisión de la política del Estado contra la criminalidad”.

10. Se podría argumentar que la ley se “cuida” de establecer que el “Ministerio de Justicia cumplirá lo establecido en este artículo, sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia en el ejercicio de sus respectivas funciones” (párrafo artículo 6 y párrafo artículo 22).

11. Sin embargo, el Congreso Nacional acude, una vez más a una redacción escrita de forma “ambigua” y hasta imprudente, al conferir como ya se ha dicho una atribución al Ministerio de Justica con las mismas palabras que fueron eliminadas de la Constitución por considerarse que comprendía lo preventivo y lo de persecución, repitiéndose así otra experiencia como la ocurrida con la redacción de uno de los artículos de la ley 1-22, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), posteriormente declarada inconstitucional, por vicio de procedimiento, por el máximo intérprete de la Constitución.

12. El Congreso Nacional, cuando se trate de leyes que comprendan aspectos sensibles como los atinentes a competencias de órganos y entes constitucionales, o que se refieran a temas de la misma naturaleza en materia de derechos fundamentales, debe extremar las precauciones y recurrir a un lenguaje que no resulte confuso o dubitativo, y, por supuesto, mucho menos utilizar, con las mismas palabras, cuestiones que, nada más y nada menos, necesitaron de una reforma constitucional como la realizada en el año 2024 al texto del artículo 169 de la Constitución, por considerarse, que la “formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad”, tenía el doble alcance ya señalado en este escrito.

13. No me cabe la menor duda que, con el mayor respeto que merece el Poder Legislativo, una vez en el escritorio presidencial la ley aprobada, el titular del Poder Ejecutivo, persona firmemente convencida de la importancia de la separación de poderes y del respeto a la independencia del sistema de justicia, observará la parte de esa magnífica y necesaria ley, a fin de que se precise, fuera del alcance futuro de toda duda, lo relativo a que la atribución del Ministerio de Justicia en lo que respecta a la política criminal del Estado se circunscribe, a la formulación e implementación de la política del Estado de prevención de la criminalidad.

Dos príncipes y una princesa de Asturias en Santo Domingo

    En el día de ayer arribó al puerto de la histórica ciudad de Santo Domingo, primada de América, el buque-escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano.

     Es la tercera ocasión en que ese buque llega al puerto de Santo Domingo teniendo a bordo a un heredero del trono español.

     La primera vez lo fue en el año 1958, cuando el entonces príncipe de Asturias, Juan Carlos de Borbón, luego Su Majestad don Juan Carlos I (1975-2014), llegó a la capital de la República.  La prensa de aquella época recoge la noticia de la visita, que se extendió desde el 10 al 16 de febrero. 

     En la página web del Archivo General de la Nación, en la sección  de audiovisuales, se pueden observar varias fílmicas en las que la televisión informaba sobre las distintas actividades festivas celebradas con motivo de la visita del buque-escuela Juan Sebastián Elcano a nuestro país, entre cuyos alumnos figuraba don Juan Carlos, que incluyeron una fiesta en la Marina de Guerra, así como una recepción ofrecida por el entonces embajador de España en República Dominicana, Alfredo Sánchez Bella.

     El autor de este escrito tuvo el privilegio de conversar personalmente con don Juan Carlos en junio de 2019, sobre este primer viaje a la República Dominicana, en el curso de una cena en Madrid a la que gentilmente fui invitado por el matrimonio de don Alfonso Fierro y doña Marita March, comentando, entre otros detalles, que caminó por la calle El Conde de la ciudad colonial acompañado de la hija del entonces jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, contralmirante Rafael Richardson.

     El segundo heredero del trono español que visitó a la República Dominicana en el buque-escuela Juan Sebastián Elcano lo fue el príncipe de Asturias Felipe de Borbón, hoy Su Majestad Felipe VI. 

     No fue esa su primera visita a nuestro país, ya que estuvo en Santo Domingo, el 31 de mayo de 1983 en tránsito, para asistir a las celebraciones del 450 aniversario de la fundación de Cartagena de Indias, en Colombia, en representación de la Jefatura del Estado español.

    La visita en el buque-escuela Juan Sebastián Elcano se extendió desde el día 6 hasta el 11 de mayo de 1987.

     El preceptor de don Felipe VI, José Antonio Alcina, en una parte de su obra FELIPE VI LA FORMACION DE UN REY, bajo el título La española isla de Santo Domingo, dedica varias páginas al relato de la visita, en la que da cuenta de que, adicionalmente a las actividades con el entonces presidente Joaquín Balaguer, se realizó una ofrenda floral ante el Altar de la Patria, visitas a la Casa de España, el Alcázar de Colón, así como a otros monumentos coloniales de nuestra ciudad primada.  También, a la Escuela Naval de la Marina de Guerra dominicana, así como un encuentro en el Club de Oficiales de esa institución castrense, “en el que los alumnos invitados disfrutaron de la cadenciosa música de salsas y merengues”.

                                

     Aunque en la obra señalada su autor expresa que “Santo Domingo fue uno de los puertos de más complicada preparación en cuanto a la definición del programa a desarrollar por el Príncipe”, en especial, por la cantidad de actividades oficiales que se incluyeron en el programa que “restaron algún tiempo para el descanso al joven visitante”, afirma que el presidente Balaguer recibió a don Felipe “con extremada simpatía y afecto, como si recibiese a su propio hijo”, y que al momento de “colocar sobre el pecho del joven Príncipe la banda de la orden y prender en su uniforme la placa de oro, pronunció un patriótico y emocionado discurso en el que demostraba su categoría de estadista y su amor a la Madre Patria, concepto que defendía y mantenía a pesar de otras modas extendidas por otros países en aquellos momentos”.

    Finalmente, en lo que respecta a este segundo viaje a Santo Domingo de don Felipe VI, José Antonio Alcina lo valora con las siguientes palabras: “Pero hay que destacar que fue el país que más volumen de noticias prodigó en relación con la llegada del Príncipe heredero y que con más afecto y cariño le trató”.

     Ahora nuestro país tiene el privilegio de recibir con alegría y admiración a Su Alteza Real, la Princesa de Asturias Leonor, primogénita de los Reyes de España, Felipe y Letizia, quien, al igual que su abuelo y su padre, arribó a la ciudad primada de América a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano, en el que se encuentra desde comienzo de este año en su proceso de formación naval como heredera de la corona española.

  Invitado por el Principado de Asturias, tuve el honor de participar como invitado  en el primer acto oficial al que asistió nuestra ilustre visitante Leonor de Borbón, como Princesa de Asturias, en ocasión del centenario de la coronación canóniga de la virgen de Covadonga el 8 de septiembre de 2018. 

   Bienvenida, Leonor, Princesa de Asturias y futura reina de España a la ciudad primada de América, capital de la República Dominicana, un país que profesa una gran admiración y respeto hacia el pueblo español y a su Corona.

https://listindiario.com/la-republica/20250520/dos-principes-princesa-asturias-rd_858373.html

    

 

Algunos aspectos del régimen jurídico de la supervisión e inspección de obras privadas

 

1. El presidente Luis Abinader, en su intervención de este lunes en La Semanal, luego de rendir merecido homenaje a las decenas de personas que participaron en el rescate de heridos y fallecidos en la tragedia nacional ocurrida en el centro nocturno Jet Set, se refirió a la debilidad normativa existente en nuestro país en materia de supervisión de obras privadas. 

2.  De manera textual, conforme recoge en su edición digital el periódico Listín Diario, el jefe del Estado señaló lo siguiente: “Hay un vacío que varios ingenieros y comunicadores han señalado sobre la supervisión obligatoria para las obras privadas que hasta el momento no la hay”[1]. 

3.  Se refirió, sin dudas, el presidente Abinader, a la ausencia de normas que señalen los procedimientos y criterios a través de los cuales la Administración Pública puede ejercer, racionalmente, la potestad de supervisión e inspección en materia de edificaciones privadas nuevas, una vez construidas las mismas, o, se haya finalizado la reparación o modificación de una construcción existente. 

4. Señalo lo anterior, debido a que, en nuestro ordenamiento jurídico, tanto la construcción de edificaciones públicas y privadas, así como su reparación o modificación posterior, si se encuentran sometidas a un régimen de supervisión, que se recoge, fundamentalmente, en el Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras, contenido en el Decreto 232-17, expedido por el Poder Ejecutivo en fecha 26 de junio del año 2017. 

5.  En efecto, el referido reglamento, luego de establecer que tiene por objeto establecer “los criterios técnicos que regirán la supervisión e inspección de las obras de edificación y vialidad, que servirán de base para la dirección y el control de su ejecución, a fin de asegurar mayores niveles de eficiencia durante el proceso de construcción y lograr uniformidad de criterios en los procedimientos y en las prácticas a utilizar, para garantizar la seguridad” (artículo 1),  dispone a seguidas, que sus disposiciones serán aplicables tanto en “obras de edificaciones privadas”, como en “obras públicas” (articulo 2). 

6. El reglamento al que nos referimos introduce como novedad, que, en determinadas obras, públicas y privadas, la supervisión o inspección, en las distintas etapas de construcción, sea realizada por la autoridad competente, de manera directa, por su propio personal, así como de manera indirecta, mediante la externalización privada de la supervisión (artículo 2). 

7. El Titulo IV del reglamento contenido en el Decreto 232-17, titulado INSPECCION DE OBRAS PRIVADAS DE EDIFICACIONES, regula detalladamente, entre los artículos 80 al 116, un régimen que comprende inspecciones, tanto previo a la emisión de la licencia de construcción (artículo 85 y 100), durante el proceso constructivo (artículos 101 al 104), así como al final de la obra (artículos 105 al 107). 

8. A partir de la promulgación de la Ley núm. 160-21, de fecha 1ro de agosto de 2021, las facultades en materia de supervisión e inspección de obras privadas quedaron transferidas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP) al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) (artículo 100). 

9. Esta ley, que crea el MIVHED, dispone que, dentro de su misión se encuentra la de establecer “los criterios y directrices para otorgar o expedir licencias y autorizaciones para la construcción de edificaciones públicas y privadas, así como para establecer los criterios para la gestión y emisión de las reglamentaciones técnicas para la construcción de edificaciones públicas y privadas en todo el territorio nacional” (párrafo, articulo 6). 

10.  Por otra parte, al precisar su alcance, la ley dispone que las atribuciones del MIVHED “incluyen la planificación, reglamentación, tramitación de permisos, supervisión, la celebración de los procesos de selección, la contratación de todas las edificaciones, obras conexas y los equipamientos de carácter público, así como la reglamentación, tramitación de permisos e inspección de las edificaciones privadas” (articulo 13). 

11. Es aquí donde precisamente se produce el vacío normativo al que aludió el presidente Abinader, ya que la reglamentación contenida en el Decreto 232-17, no comprende un sistema de supervisión e inspección de las obras privadas, una vez emitida la certificación oficial de inspección final (artículo 122). 

12. Para resolver ese vacío no es necesario un trámite legislativo en el Congreso Nacional, ya que ello puede ser suplido mediante el ejercicio potestad reglamentaria atribuida al MIVHED, investido por la Ley núm. 160-21, con la facultad de emitir y gestionar las reglamentaciones técnicas de las edificaciones públicas y privadas (artículo 12, numeral 3).  

13.  A esos fines, el legislador, al votar la ley que crea el MIVHED, dispuso, a título de mandato, lo siguiente:

 

“Artículo 86.- Dictado de reglamentos internos. En un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) dictará los reglamentos y resoluciones internas del Ministerio, para viabilizar el pleno ejercicio de las competencias de gestión, disposición, fiscalización y control del sector; regular los procedimientos administrativos en general y el establecimiento de estándares técnicos, tecnológicos, de desempeño y de calidad”. 

14.  Si ese mandato fue cumplido ya por el MIVHED  dejando el mismo vacío del que adolece la reglamentación contenida en el Decreto 232-17, lo que procede es, a la brevedad legal posible, establecer el procedimiento para el ejercicio de la potestad de inspección en obras privadas amparadas en certificados de inspección final, así como los criterios de racionalidad para su ejercicio, que deberá priorizar aquellas edificaciones privadas con mayor grado de vulnerabilidad a los intereses públicos de la colectividad, dada la imposibilidad material estatal, de poder inspeccionar permanentemente todas las edificaciones privadas.  

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[1] https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20250414/abinader-asegura-hay-institucion-certifique-construcciones-sector-privado_853716.html